La carta que llegó un lunes
Sergio Rodríguez, de recepción, abrió el sobre a las 9:12 del lunes 28 de septiembre. Dentro había una notificación de 3 páginas.
La norma exige que los rótulos con iluminación propia superiores a 1,8 metros cuadrados pasen una revisión técnica antes del 31 de marzo de 2027. Imbeflow trabaja en rotulación desde 1996 y nunca ha hecho instalaciones eléctricas, pero la carta llegó a su nombre porque 41 de los rótulos que el taller fabricó entre 2004 y 2019 tienen luz propia, siguen colgados en fachadas de la ciudad y ahora arrastran a la empresa a un trámite que no le corresponde firmar ni cobrar.
Carmen Martínez calcula unos 60 locales afectados.
El problema no es el rótulo. Es que quien lo fabricó no puede certificar la instalación eléctrica. Y el cliente final no siempre conserva el contacto del electricista que hizo el trabajo, ni el papel que firmó aquel día, ni siquiera el nombre del taller que montó el cartel antes de que Imbeflow existiera como sociedad.
Lo que cuesta un trámite que no es tuyo
La revisión de un rótulo luminoso cuesta entre 180 y 340 euros, según el técnico que la firma. Imbeflow no cobra por ese trámite ni puede cobrarlo, porque no está autorizado para emitir el certificado.
Carlos García, de trabajos, lo explica sin rodeos: «Nosotros hacemos la chapa, el vinilo y el montaje. La parte eléctrica la firma otro. Siempre ha sido así».
Lo que sí puede hacer el taller es localizar el rótulo, medir la superficie, comprobar el estado del vinilo y entregar al cliente la documentación del fabricante, y eso, en la práctica, son unas 3 horas de trabajo por cada cartel, con desplazamiento incluido y sin contar los avisos que quedan sin respuesta.
José Moreno lleva 17 localizados de los 41. De los 24 restantes, 9 corresponden a locales que han cerrado desde 2019. Nadie contesta al teléfono. Las cartas vuelven.
El propietario de uno de esos locales vive ahora en Málaga y no piensa mover nada hasta que el Ayuntamiento le apremie por escrito, algo que, según la oficina de Gran Vía, todavía no tiene fecha.
El barrio se mueve despacio
En la calle Elvira, un local de té abrió en 2007 con un rótulo de 2,1 metros cuadrados. La propietaria, Rocío Alcalá, dice que no sabía que existiera ese requisito.
«Me enteré el miércoles. No tengo el papel del electricista», explica. La calle Elvira, la Plaza Nueva y el entorno de la Catedral concentran la mayoría de los rótulos afectados, y a esos se suman 6 en el Realejo y 4 en el Albaicín bajo, cerca del Paseo de los Tristes, lo que obliga al taller a cruzar la ciudad en trayectos cortos que consumen más tiempo del que parece.
La oficina municipal atiende de 9:00 a 14:00, en Gran Vía de Colón, 12.
Para el pequeño comercio, ir allí supone perder una mañana entera. Sergio Ruiz, de citas, ha empezado a agrupar visitas por calles. Prefiere ir a la Elvira tres veces en una semana que cruzar la ciudad cada día, aunque eso deje huecos de dos horas entre cliente y cliente.
Es una decisión práctica, no una estrategia.
Carlos García sale a medir por la tarde, cuando el comercio cierra, y vuelve al taller a las ocho con las notas escritas a mano. Al día siguiente hay que pasarlas a limpio.
Una empresa pequeña, un plazo grande
Imbeflow S.C. tiene cinco personas en plantilla.
Atender 41 revisiones en seis meses es posible solo si los clientes responden y si los electricistas colaboradores tienen hueco, porque la revisión técnica no la puede firmar cualquier electricista y hace falta un instalador autorizado que emita el certificado correspondiente, un documento que en Granada solo gestionan unos pocos profesionales y cuya demanda va a subir de golpe en enero y febrero.
Moreno calcula 11 días por expediente. El taller no va a contratar a nadie.
Sin contar los locales cerrados ni los propietarios que viven fuera de Granada, con los que cada llamada se convierte en tres y cada documento en una semana de espera.
El pico dura unos meses. Después vuelve la normalidad.
Lo que queda por resolver
Quedan tres incógnitas. La primera: qué pasa con los rótulos cuyos locales están vacíos o en traspaso. La segunda: quién asume el coste cuando el propietario y el inquilino no coinciden. La tercera: si el Ayuntamiento aceptará una declaración responsable en lugar de un certificado completo para los carteles más pequeños.
Imbeflow pidió por escrito una reunión con Urbanismo el 30 de septiembre.
Aún no hay respuesta. Mientras tanto, el taller sigue trabajando con normalidad. Los pedidos nuevos de rótulos no luminosos no se ven afectados. Los de vinilo tampoco.
Carmen Martínez recuerda que esto no es la primera norma que les obliga a reorganizarse: en 2013 fue la regulación de publicidad en edificios protegidos, en 2019 las restricciones en el entorno de la Alhambra, y cada vez el taller ha dedicado semanas a leer textos legales que no siempre aclaran qué le toca hacer a un rotulista.
«Cada vez que cambia algo, dedicamos dos meses a entenderlo», dice. La ordenanza entra en vigor el 1 de enero de 2027 y el plazo termina el 31 de marzo. Imbeflow no puede garantizar que todos los clientes lleguen a tiempo. Nadie puede.